Jueves 30 de Enero de 2020
 

Rendición de cuentas gubernamental
Situación de la acción estatal

El debate sobre la calidad de la democracia ha contribuido a llamar la atención con respecto a que el adecuado funcionamiento de la democracia necesita de un entorno institucional capaz de hacer valer la legalidad y las garantías ciudadanas. En este marco, deben ser respetados los derechos fundamentales del ser humano y sus libertades de participación política. En este razonamiento, para mejorar su calidad, la democracia no solamente necesita de elecciones libres, competitivas y periódicas. Un estado democrático requiere, además, de un sistema legal que respalde los derechos y garantías de los ciudadanos. Es decir, requiere articularse con la estructura de un Estado de Derecho que organiza, coordina y equilibra las relaciones de poder entre los integrantes de una comunidad política, con base en un sistema legal. Se trata de un ordenamiento institucional que resuelve dos tipos de dilemas: el de la coordinación ciudadana y el del ejercicio del poder.
Una vez establecida la estructura institucional del Estado de Derecho, la rendición de cuentas se convierte en el mecanismo que pone en funcionamiento los sistemas de control de los distintos poderes por par-te de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la persistencia de la corrupción en la administración pública, las continuas arbitrariedades de los gobernantes, el oscurantismo de sus acciones y su ineficiencia para resolver los problemas de la sociedad, se pueden entender como consecuencias de la debilidad de los mecanismos de control y rendición de cuentas y de la falta de efectividad del sistema sancionatorio.
 En términos generales, podemos decir que la rendición de cuentas es entendida como la capacidad y responsabilidad de los gobernantes y funcionarios públicos de responder, explicar, justificar y dar cuenta de sus actos y decisiones a los gobernados. Los ciudadanos, a su vez, analizan, verifican y juzgan con su reconocimiento o rechazo el actuar de su gobierno, a través de las instituciones, mecanismos o instrumentos de control institucional, electoral y/o social. La rendición de cuentas es un instrumento que tiene un objetivo preciso y potente: establecer que el poder político debe ser controlado por la ciudadanía.
Existe en nuestro país un alto grado de insatisfacción para con la acción gubernamental, en sus distintas esferas y niveles, alimentada por la baja efectividad que ha demostrado el sector público para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. Todo esto agravado por los altos niveles de corrupción observados en los distintos estamentos del Estado y la escasa o nula predisposición a rendir cuentas.
La transparencia en la gestión de gobierno es indispensable para satisfacer una necesidad esencial de la ciudadanía de nuestros días: contar con gobernantes y funcionarios honestos, dedicados y eficaces.
De qué manera se pueden promover acciones y reformas que fortalezcan la capacidad de los ciudadanos para controlar el desempeño de sus representantes políticos y de los funcionarios de la administración pública local. Es un interrogante presente en la mayor parte de nuestras ciudades.
En los municipios deberíamos contar, al menos, con la siguiente información a modo de rendición de cuentas gubernamental: publicación inmediata de los actos de gobierno; reportes económico-financieros confiables; información del personal: cantidad, modalidad de contratación, salarios y distribución por áreas; información de la planta política: organigrama, cargo, salario; auditoría interna de la gestión de gobierno (Tribunal de Cuentas); auditoría externa de estados contables (profesionales independientes)
La idea de publicidad conecta las bases normativas del proceso democrático y de la rendición de cuentas. La toma de decisiones que afectan a una colectividad por medio de procedimientos democráticos, debe contar con la exposición pública de la información que es relevante para la formación de las preferencias que serán ponderadas en dicho proceso. De igual forma, el ejercicio del poder político debe justificar su desempeño proporcionando argumentos que sean públicamente accesibles.
El tema de la rendición de cuentas aparece vinculado con la preocupación por la calidad de la democracia. En 1983, la vuelta de la democracia en nuestro país fue efusivamente celebrada. Sin embargo, el desempeño del sistema político se fue deteriorando rápidamente y comenzó a mostrar tendencias hacia el oscurantismo, el clientelismo y la corrupción en todos los niveles y poderes del Estado. El restablecimiento de la vigencia de la Constitución, la libertad ideológica y la normalización de la competencia por el poder político generaron un entusiasmo inicial en la población, pero, a poco de andar, el funcionamiento del andamiaje democrático no trajo consigo un repunte en la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y sus representantes. Tampoco la equidad formal que implica vivir en democracia ha contribuido a disminuir las profundas desigualdades sociales en nuestro territorio. De hecho, los actos de corrupción entre las elites políticas persisten y se perfeccionan con el tiempo entreverándose con el flagelo del narcotráfico. Viene a cerrar este cuadro decadente la manipulación clientelar de los sectores sociales más desprotegidos por parte de esas elites políticas.
Aún a través de elecciones competitivas, limpias y regulares, en las que los ciudadanos pueden premiar y castigar el desempeño de sus representantes, este proceso se revela inadecuado para tener un control efectivo sobre las acciones de los gobernantes. En realidad, las elecciones constituyen un mecanismo de control ex-post con regularidad cada cuatro años. En tanto que la gestión gubernamental es una actividad dinámica y, como tal, requiere ser supervisada de manera permanente.
La calidad de la democracia mejorará como el resultado de una renovación y mejoramiento en la moralidad de las prácticas políticas. Pero no podemos esperar que esta transformación provenga de los mismos actores que se benefician con las actuales prácticas deplorables de la política. La instauración de un régimen de moralización de la gestión pública y de transparencia gubernamental deberá ser impulsada, en buena medida, por la iniciativa ciudadana y el involucramiento de las organizaciones de la vida civil, incluidos los medios de comunicación.
Si su objetivo es ganar legitimidad y credibilidad, el Estado en general y el municipal en particular, tiene la responsabilidad de presentar rendiciones de cuenta como una sana práctica de gobierno. El valor del control ciudadano en los períodos que existen entre dos procesos electorales, a través de auditorías llevadas a cabo por profesionales independientes, es de gran importancia para alcanzar elevados estándares de transparencia gubernamental. Las prácticas de control social deben reforzar su esencia transformadora y la importancia que la rendición de cuentas tiene para la democracia: promover la eficacia y la eficiencia de las acciones gubernamentales en procura del bienestar general y afianzar los valores de legitimidad, equidad, libertad y justicia.
Cr. Carlos Augusto Centeno

 

   
       
 
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