Bell Ville, Jueves 7 de Junio de 2018
 

El fin no justifica los medios

La lucha de los municipios por su subsistencia económica surge desde el momento mismo de su nacimiento y los gobiernos locales deben aguzar el ingenio para financiar los servicios que prestan a los vecinos. Pero el derecho de los municipios a los medios para financiar sus actividades reconoce límites precisos. Algunos de ellos son consecuencia de la vigencia del estado de derecho, otros provienen del sistema de organización institucional y sus diferentes niveles de decisión, y otros de las limitaciones estrictamente económicas de los contribuyentes.
Como consecuencia del sinceramiento de las tarifas de servicios, tales como la energía eléctrica y el gas, por parte del Estado Nacional, se ha generado un debate adicional en los últimos días a raíz de las tasas municipales incluidas en las facturas de dichos servicios.
En primer lugar, una tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley u ordenanza, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.
Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a la luz de las disposiciones de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Entonces, la esencia de la tasa municipal es de carácter de compensación (definida coercitivamente) de un servicio antecedente prestado por una municipalidad. Para que la tasa sea legítima, y no arbitraria, tiene que existir una discreta y razonable proporción entre el monto exigido y las características generales de la actividad vinculante, es decir, el servicio prestado.
Ahora bien, si todo ello es así de incuestionable, la conclusión primaria a la que cabe arribar es que la tasa que hoy se percibe en cualquier municipio del país cumple con este requisito, es decir, nace de los servicios que éste le presta a los contribuyentes y que su contrapartida refleja en una medida razonable su costo.
En ese sentido, la actuación estatal vinculante (servicio de alumbrado por ejemplo) es el elemento caracterizador más importante para saber que estamos ante una tasa.
La jurisprudencia ha sostenido que "...es de la esencia de la tasa su correlación aproximada con el servicio. Cuando ella se altera, aquella pierde su causa y su cobro es ilegítimo e inconstitucional en la medida que exceda la proporcionalidad debida..."
Si la tasa se diseña y percibe como corresponde, no se podría establecer teniendo como base imponible el consumo particular de energía sino que debería fijarse sobre un parámetro que considere los costos de la real y concreta actividad prestada por el municipio. Y, una vez calculado este costo (alumbrado en este caso), éste debe distribuirse entre los vecinos incorporándose en la liquidación de "tasa por servicios a la propiedad".
El cuestionamiento que se efectúa sobre la legitimidad de la tasa municipal retributiva del servicio de alumbrado que tiene en cuenta el parámetro del consumo particular de energía del contribuyente para someterlo al tributo, ha partido de la base de que una tasa así concebida es un tributo que debe considerarse como un impuesto, debido a no estar vinculado su cálculo a una actividad o servicio específico del municipio, sino que al gravar el consumo, la tasa mide capacidad contributiva y se pierde la correlación con la prestación del municipio. Por ende, al caer en la categoría de impuesto está reñido con preceptos constitucionales por superponerse con el gravamen nacional análogo sobre el consumo que es el I.V.A.
Imaginemos por un momento que los ciudadanos deciden no consumir energía convencional porque han instalado paneles solares y generan la energía que necesitan. En este escenario no habría base imponible que gravar, tal como lo exige la norma local, y por lo tanto no nacería la obligación fiscal. Entonces, ¿cómo se financiaría la prestación del servicio de alumbrado? Este municipio estaría en un serio problema ya que ha fijado una base imponible que no se refiere concretamente a los costos que genera la prestación del servicio que se pretende solventar.
Esto demuestra claramente que dicha tasa se comporta como un verdadero impuesto al consumo, toda vez que grava el monto en concepto de energía utilizada en un período determinado. Así planteado, el objetivo de la tasa transgrede el art. 9, inc. b) de la ley 23548 de Coparticipación Federal que prohíbe a los municipios la aplicación de gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esa ley.
Por ello, si el verdadero hecho imponible fuera la prestación del servicio, tal como se declara, y se distribuyera la imposición en base a los costos del mismo, la tasa debería abonarse sin excepción, más allá de que los habitantes consuman o no energía de manera particular.
Cuando se crean estas tasas (por todo lo dicho, irregulares) y se incorporan en las facturas de servicios (energía, gas, agua), se distorsiona además el monto que se paga en concepto de dichos servicios. Ya que ese entrecruzamiento entre costo de un servicio, impuestos, tasas y otros conceptos incorporados en la factura, lleva a una deformación tal que el usuario no sabe lo que está pagando. Lo que quita transparencia a la actividad recaudatoria del Estado.
Se ha argumentado que quitar estas tasas desfinanciaría a los municipios. Este alegato contiene un doble error: 1) no puede sostenerse una gabela contrariando disposiciones y principios legales y jurisprudenciales; 2) bien diseñada, la tasa puede instrumentarse y cobrarse a los vecinos para financiar el servicio de que se trate (incorporándose a la liquidación de la "tasa por servicios a la propiedad" en el caso que analizamos).
Pero resulta particularmente llamativo en Bell Ville que la fuerza política que estableció este gravamen y su modalidad recaudatoria manteniéndola durante 15 años mientras estuvo en el gobierno, hoy desde la oposición se arroga la defensa del bolsillo de los ciudadanos y, sin hacer la menor autocrítica, reclama a viva voz la derogación de este tributo.
Los momentos difíciles no se sobrellevan con propuestas demagógicas y cálculo electoral. La función pública requiere responsabilidad y consensos para contar con servicios municipales eficientes y llevar así a la ciudad hacia el progreso.
El diálogo, la coherencia y la madurez política son fundamentales para diseñar estrategias de largo plazo y erigir ciudades sustentables.
Carlos Augusto Centeno

   
       
 
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