Jueves 19 de Marzo
de 2020

Fuen el B° Jockey Club
Incendio en una casa

El lunes se registró un principio de incendio en una vivienda del barrio Jockey Club. El foco ígneo se localizó en el techo de la propiedad sobre el que trabajan dos obreros.
Los bomberos lograron extinguir las llamas y los dos operarios fueron derivados al Hospital Ceballos por presentar heridas de consideración causadas por el fuego.

ROBO ESCLARECIDO

A través de una investigación a cargo de la División de Inteligencia Criminal, la policía logró identificar a dos sujetos y ponerlos a disposición de la Justicia, acusados del robo en un local comercial de Bv. Ascasubi al 400, dedicado a la venta de artículos de pesca, caza y camping.
El hecho se había registrado el pasado sábado, cuando los delincuentes rompieron una de las vidrieras del comercio para robar varias cañas para la pesca y un rifle de aire comprimido.
Las pesquisas policiales llevaron a allanar dos viviendas del medio, una ubicada en Pje. Pasteur y otra en calle Pichincha, donde recuperaron 15 cañas y el arma.
Además se secuestraron otros elementos útiles para la causa.
Secuestro de dos motocicletas. En ocasión de los controles periódicos que personal policial realiza en la vía pública, en la tarde del lunes secuestró dos motocicletas de 110 cc.
Ambos rodados no contaban con la documentación requerida y necesaria para circular.
En otro operativo similar realizado horas antes, la Policía incautó otras cuatro motocicletas por distintas infracciones a las leyes de tránsito y Código de Convivencia Ciudadana.

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Su conductora con serias lesiones
Auto cayó a un canal de desagüe

Cerca de las 8:15 del domingo, en la Ruta N° 11 un automóvil se precipitó desde 5 metros de altura aproximadamente a un canal de desagüe, provocando serias heridas a su única ocupante, que motivaron su derivación al Hospital Ceballos de Bell Ville con pronóstico reservado.
En el tramo Monte Maíz a Wenceslao Escalante y por causas que aún se desconocen, la conductora perdió el control del automóvil Renault Logan golpeando contra el guardarraíl y la alcantarilla, cayendo al desagüe ubicado muy por debajo de la ruta.
El vehículo quedó bajo agua en su gran parte y su ocupante, Adriana Ferreyra (56) oriunda de Wenceslao Escalante, fue rescatada por bomberos montemaicinos.

FALSIFICABAN AGROQUÍMICOS Y LOS VENDÍAN

Siguiendo instrucciones del Juzgado Federal a cargo de Sergio Pinto, secretaría de Juan Manuel Almada, el pasado jueves efectivos de la Delegación Bell Ville de la Policía Federal llevaron a cabo cuatro allanamientos en la Provincia de Santa Fe, tres de ellos en la ciudad de Esperanza y el restante en Santo Tomé, los que permitieron desarticular una red de falsificación y venta de productos agroquímicos, ello con un gran perjuicio para la salud de las personas.
De la investigación se logró identificar a toda la organización criminal, siendo en Santo Tomé en donde se adulteraban los productos y se falsificaban los contenedores para ser vendidos como sus equivalentes legales; representando no solo una estafa para los productores sino también un riesgo en la aplicación sobre las plantaciones, que luego serán productos de consumo humano.
Al lograrse desbaratar dicha red se pudo obtener todo el material probatorio de necesidad para la causa judicial que respaldó la pesquisa de los investigadores.
Como resultado de los allanamientos se encontró en la parte de producción más de 190 bidones vírgenes para etiquetar; 1.000 cajas para armar, 500 bidones listos para ser llenados en sus cajas apócrifas, sistema de fraccionamiento y llenado y asimismo sobre la venta, se encontró producto listo para la venta por la cantidad de 1.000 litros, siendo un valor de mercado aproximado de 48.000 dólares.
En dichos allanamientos se intervino por exhorto el Juzgado Federal de Santa Fe, a cargo de Osvaldo Rubén Rodríguez, ante la secretaría de Leticia del Fabroi Castaño.

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Venta de maíz con Cartas de Porte apócrifas
Intervención de la justicia federal local

El 12 de febrero pasado, tres inspectores del Subprograma Erradicación del Comercio Ilegal perteneciente a la Dirección General de Rentas del gobierno salteño, detuvieron en el puesto de control de Salvador Mazza (Pocitos-Salta) dos camiones con cargas de 30.000 kilos de maíz cada uno.
Al solicitar las autorizaciones correspondientes a los transportistas, encontraron irregularidades en los papeles de permisos emitidos por AFIP, entre ellas inconsistencias en el registro del supuesto vendedor y titular de los permisos de transporte, Miguel Antonio Margaría.
Los inspectores labraron las actas de secuestro de la mercadería transportada, en donde detallaron expresamente que la documentación no cumplía con lo establecido por la AFIP, DGI y la Dirección de Rentas provincial en cuanto a que el permiso como productor agropecuario de Margaría no estaba vigente según el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Los inspectores encontraron algunas irregularidades más, que tenían que ver con los permisos (Carta Porte), emitidos por AFIP a través de la cuenta de Margaría. ¿Cómo podía emitir cartas de porte si no estaba habilitado para eso?
Según consta en los papeles, el cereal salió de Monte Maíz, lugar donde vive y produce Miguel Margaría y la destinataria era Fabiana Mariel Ibáñez Cortéz, de Salvador Mazza, quien se presentó en el puesto de control exigiendo que dejen pasar la carga.
Horas más tarde, se comunicaría con los inspectores el jefe del Subprograma Erradicación del Comercio Ilegal Mario Mendoza, informando que anulen las actas y dejen circular los camiones con la mercadería debido a que "el titular sí se encontraba registrado y habilitado como productor agrícola".
La información en ese sentido fue dada a conocer por el diario porteño Página 12, a través de su edición regional Salta/12 y corroborada por el director general de Rentas, Gustavo De Cecco.
LOS HECHOS
Hasta aquí, todo quedaría como un dato extraño, un error del sistema de AFIP que declaraba a un productor agrícola sin permiso para comercializar.
Sin embargo el abogado de Margaría, Carlos Hugo Ortolani, en contacto con el diario mencionado, informó que un día antes del control en Salvador Mazza, AFIP ya había detectado que al productor radicado en Monte Maíz le estaban hackeando su cuenta y emitiendo Cartas de Porte para transportar productos agrícolas a otras provincias del país.
Según Ortolani, el martes 11 de febrero "se detectaron las operaciones irregulares que se estaban realizando con la clave fiscal del señor Miguel Margaría".
El representante legal explicó que la operatoria habitual que Margaría realiza como contribuyente consiste en la solicitud de cartas de porte, para transportar los granos que produce desde la zona rural de Monte Maíz con destino al puerto de la ciudad de Rosario, "o bien a algún acopio o cooperativa agrícola de la zona".
Y agregó algo muy importante "lo irregular de las operaciones detectadas, radica en que las cartas de porte solicitadas tenían como origen y destino lugares (Jujuy, Salta, Santa Fe, Buenos Aires), que no se corresponden en lo más mínimo con el centro de explotaciones de Margaría".
"Además -continuó- en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), tampoco constaban declaradas existencias de granos y superficie sembrada, por lo cual las solicitudes de cartas de porte para transportar granos eran totalmente inconsistentes.
Ante tales circunstancias se encendieron las alertas de AFIP", por lo que el abogado no entiende por qué no se secuestró esa carga hasta contactar al mismísimo Margaría, con quien se comunicarían recién dos días después.
"Recién el viernes 14 el Sr. Margaría recibió un llamado a su celular, por parte de una funcionaria dependiente de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, para comunicarle lo sucedido y preguntarle si esas cartas de porte eran de su propiedad", aseveró el abogado.
Miguel Margaría informó lo sucedido a la funcionaria salteña y minutos más tarde su abogado envió un mail al jefe del Subprograma de Erradicación del Comercio Ilegal, Mario Mendoza, en donde aporta copia de cada una de las Cartas Porte anuladas y denunciadas como truchas por el productor.
A su vez en el mail, Ortolani deja en claro que esas cartas estaban anuladas, y que su representado no era el dueño de la carga secuestrada, "no contrató los camiones ni solicitó las cartas de porte de referencia".
Y agrega en el mail enviado a Mendoza: "En virtud de que dichas cartas de porte se obtuvieron de manera ilícita, se procederá a radicar la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville. Dicha maniobra ya fue denunciada también en la Delegación de AFIP".
Lo más extraño de toda esta información, es que el director de Rentas Gustavo De Cecco, dijo desconocer sobre la denuncia del Sr. Margaría.
Simplemente se limitó a explicar que se constató que el productor estaba registrado en AFIP y como ese había sido el motivo por el que se demoró a los camiones, se les permitió seguir su curso con una carga de la que aún no se sabe su procedencia.
Pero siendo que existía ya desde el 11 de febrero la prueba de que AFIP estaba enterada de la adulteración de documentos, que los inspectores del puesto en Salvador Mazza así lo sospecharon y que el mismo Mendoza recibió un mail del representante legal de Margaría el 14, informando lo sucedido. Vale sospechar que De Cecco ocultó información, o Mendoza se la ocultó a él.
Pero Ortolani agregó un dato más, según él, los inspectores expresamente detallaron que las cartas de porte aportadas por los choferes no cumplían con la legislación vigente.
El abogado confirmó que se utilizaron 20 cartas de porte a nombre de su representado, de las cuáles sólo dos cargas fueron reportadas, aunque luego liberadas.
De esas 20, hay dos más que se dirigieron también a la localidad de Salvador Mazza, en este caso a otros destinatarios: Pieve Cantarini SRL, una empresa de venta al por mayor de cereales en esa localidad, y Norma Beatriz Areco. Esta última, al igual que Fabiana Mariel Ibáñez, no registra impuestos activos ni actividades recientes en AFIP.
La denuncia fue presentada el 19 de febrero ante el Juzgado Federal de Bell Ville a cargo de Sergio Aníbal Pinto y la investigación está en manos del fiscal José María Uriarte.
Se radicó por supuesto "robo o suplantación de identidad". El Fiscal informó que ya se están librando todos los oficios y trámites correspondientes.

 

   
 
             
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